La defensoría general porteña tiene una Unidad Especial Temática de Patrimonio Histórico, que dirige el defensor adjunto Andrés Gallardo. A ella se acercaron el delegado de los Talleres Protegidos del Borda, Marcelo “Nono” Frondizi, y el secretario general de UTE-Ctera, Eduardo López, para pedir asistencia en el caso de la construcción del Centro Cívico. Gallardo recabó información
sobre la situación de la zona donde Macri tenía pensado construir el Centro Cívico y se encontró más de una omisión:
- La zona fue declarada Monumento Histórico Nacional por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional de abril de 1999 (el 349), que comprende al “Pabellón de Investigaciones en Psicofísica y Neurobiología y al parque aledaño”. La ley 12.665 señala que “los inmuebles históricos no podrán ser sometidos a reparaciones o restauraciones, ni destruidos en todo o en parte (...) sin aprobación o intervención de la Comisión Nacional de Museos”.
- A raíz de esto, el 4 de octubre la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos envió un comunicado al jefe de Gobierno en el que le plantea que “hasta tanto este organismos no se pronuncie, deberá abstenerse de iniciar tareas inconsultas”. La indicación no tuvo ninguna respuesta por parte de la gestión PRO.
- La ley porteña 1227 señala que el Patrimonio Histórico de la Ciudad lo constituyen todos los bienes declarados Monumento Histórico. Por este motivo, la zona tiene proyección ambiental –que implica que no se pueden cambiar el “diseño paisajístico” ni retirar los árboles existentes– y los edificios el nivel de protección cautelar.
- Bajo el lugar de construcción hay un “yacimiento arqueológico urbano”, que consiste en túneles, sótanos y pasadizos. Estos túneles –que no fueron relevados previamente– conectan el Borda con el Hospital Braulio Moyano. En el pliego licitatorio que elaboró el macrismo, hay un inciso que deja en manos de las empresas contratistas la responsabilidad de preservar y entregar cualquier material arqueológico que se halle. “Esta cláusula constituye un acto propio de reconocimiento del valor histórico de la zona”, sostiene Gallardo.
- Al proyecto le falta un estudio de impacto ambiental. El informe de la defensoría general señala que el monto multimillonario de la contratación “permite abrigar serias dudas sobre la eventual real efectividad de la protección ambiental”, ya que se iba a hacer en simultáneo con la licitación para que se construyan los 50 mil metros cuadrados del Centro Cívico. Lo lógico es que se haga antes.
- La zona fue declarada Monumento Histórico Nacional por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional de abril de 1999 (el 349), que comprende al “Pabellón de Investigaciones en Psicofísica y Neurobiología y al parque aledaño”. La ley 12.665 señala que “los inmuebles históricos no podrán ser sometidos a reparaciones o restauraciones, ni destruidos en todo o en parte (...) sin aprobación o intervención de la Comisión Nacional de Museos”.
- A raíz de esto, el 4 de octubre la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos envió un comunicado al jefe de Gobierno en el que le plantea que “hasta tanto este organismos no se pronuncie, deberá abstenerse de iniciar tareas inconsultas”. La indicación no tuvo ninguna respuesta por parte de la gestión PRO.
- La ley porteña 1227 señala que el Patrimonio Histórico de la Ciudad lo constituyen todos los bienes declarados Monumento Histórico. Por este motivo, la zona tiene proyección ambiental –que implica que no se pueden cambiar el “diseño paisajístico” ni retirar los árboles existentes– y los edificios el nivel de protección cautelar.
- Bajo el lugar de construcción hay un “yacimiento arqueológico urbano”, que consiste en túneles, sótanos y pasadizos. Estos túneles –que no fueron relevados previamente– conectan el Borda con el Hospital Braulio Moyano. En el pliego licitatorio que elaboró el macrismo, hay un inciso que deja en manos de las empresas contratistas la responsabilidad de preservar y entregar cualquier material arqueológico que se halle. “Esta cláusula constituye un acto propio de reconocimiento del valor histórico de la zona”, sostiene Gallardo.
- Al proyecto le falta un estudio de impacto ambiental. El informe de la defensoría general señala que el monto multimillonario de la contratación “permite abrigar serias dudas sobre la eventual real efectividad de la protección ambiental”, ya que se iba a hacer en simultáneo con la licitación para que se construyan los 50 mil metros cuadrados del Centro Cívico. Lo lógico es que se haga antes.
http://tiempo.infonews.com/2012/10/29/argentina-89532-la-justicia-ordeno-a-macri-que-frene-las-obras-del-centro-civico-en-el-borda.php
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-206624-2012-10-29.html
